REMESAS AL CADALZO

La idea de gravar las remesas no es nueva. Durante su primer mandato, Trump propuso un impuesto del 2% para financiar el muro fronterizo. En 2023, el entonces senador J.D. Vance sugirió un gravamen del 10% para combatir actividades ilegales como el tráfico de drogas y personas.

En mayo de 2025, la Cámara de Representantes aprobó el "One Big Beautiful Bill", una legislación que incluye un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas por no ciudadanos o nacionales estadounidenses. Esta medida busca financiar recortes fiscales y reforzar las políticas migratorias.

Los defensores del impuesto argumentan que:

-Desincentivará la inmigración ilegal.

-Generará ingresos para financiar recortes fiscales y seguridad fronteriza.

-Combatirá actividades ilegales financiadas a través de remesas.

Sin embargo, diversos expertos y organizaciones han expresado preocupaciones:

-Impacto en Familias Vulnerables: Las remesas son una fuente vital de ingresos para millones de familias en países como México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Gravar estas transferencias podría agravar la pobreza y la desigualdad.

-Fomento de Canales Informales: El impuesto podría incentivar el uso de métodos informales o ilegales para enviar dinero, como criptomonedas o "mulas" de efectivo, lo que aumentaría los riesgos de seguridad y dificultaría el seguimiento de fondos ilícitos.

-Legalidad y Derechos Humanos: Algunos críticos argumentan que la medida podría ser discriminatoria y violar derechos fundamentales, al dirigirse específicamente a no ciudadanos.

México es el principal receptor de remesas desde EE. UU., con $65 mil millones en 2023, representando el 4% de su PIB. Aunque el impacto podría ser menor debido a la relativa estabilidad económica, se estima una posible reducción de hasta $13 mil millones en remesas si se combinan el impuesto y las deportaciones masivas.

Países como El Salvador, Guatemala y Honduras dependen en gran medida de las remesas, que constituyen más del 20% de su PIB. En Honduras, por ejemplo, las remesas representan más de un cuarto del PIB nacional. Gravar estas transferencias podría tener consecuencias devastadoras para la economía y la estabilidad social.

La medida afectará directamente a millones de migrantes que envían dinero a sus familias. Además del impacto financiero, podrían enfrentar mayores obstáculos legales y administrativos, como la necesidad de verificar su estatus migratorio para evitar el impuesto.

Esto podría aumentar la vulnerabilidad de los migrantes, fomentar la discriminación y dificultar su integración en la sociedad estadounidense.

El impuesto podría alterar significativamente el panorama de los pagos transfronterizos:

-Aumento de Costos Operativos: Las instituciones financieras y proveedores de remesas tendrían que implementar nuevos sistemas de cumplimiento, aumentando los costos operativos.

-Reducción de Volúmenes de Remesas: El aumento de costos podría disuadir a los migrantes de utilizar canales formales, reduciendo el volumen de remesas y afectando la rentabilidad de los proveedores.

-Fomento de Alternativas Digitales: Podría haber un aumento en el uso de criptomonedas y otras plataformas digitales para evitar el impuesto, lo que plantea desafíos regulatorios y de seguridad.

La decisión de imponer un impuesto del 3.5% a las remesas no debe analizarse solo desde la perspectiva económica o legal, sino también desde la óptica ética y social.

Las remesas no son simplemente dinero: son el puente emocional, afectivo y solidario que millones de migrantes construyen cada mes con sus familias. Son, en muchos casos, la diferencia entre la comida y el hambre, entre que un niño estudie o abandone la escuela, entre que un hogar siga unido o se desintegre bajo la presión de la pobreza.

¿Puede un país como EE. UU., forjado por migrantes, justificar moralmente un impuesto que castiga la solidaridad y el sacrificio? Esta pregunta debería estar en el centro del debate, porque más allá del discurso político, la realidad es que el migrante sostiene economías, comunidades y familias a costa de su propio bienestar.

Además, existe una dimensión simbólica de enorme peso: este impuesto sugiere que el migrante es visto no como un ser humano con dignidad, sino como una fuente de ingresos para el Estado que lo margina. Esa es una señal alarmante para cualquier nación que aspire a liderazgo moral en el escenario internacional.

Si esta política llega a implementarse, los migrantes deben estar preparados. Aquí algunas recomendaciones prácticas y éticas:

1. Mantener la calma y buscar asesoría confiable

No recurras a soluciones improvisadas ni a consejos en redes sociales. Consulta con organizaciones de apoyo a migrantes, abogados migratorios y asesores financieros.

Evita caer en estafas o promesas de esquivar el impuesto con métodos ilegales o inseguros.

2. Fortalece el uso de canales formales y seguros

Aunque el impuesto puede parecer desincentivador, es más peligroso recurrir a medios informales. Estos no solo son inseguros, sino que podrían implicar sanciones.

Evalúa plataformas de remesas digitales que ofrezcan mejores tasas, menores tarifas y opciones de envío en criptomoneda regulada (como USDC o USDT en plataformas legales), si están permitidas.

3. Considera transferencias menos frecuentes pero más grandes

Si se grava por cada transacción, es posible reducir la carga agrupando remesas (por ejemplo, en lugar de enviar $200 cada mes, enviar $600 cada tres meses).

Evalúa junto a tu familia en el país de destino una nueva planificación financiera que les permita adaptarse a este cambio.

4. Organízate con otros migrantes

La historia demuestra que la organización colectiva logra cambios. Ya sea a través de asociaciones, iglesias, sindicatos o redes de apoyo, el poder del migrante organizado puede ser enorme.

Apoyen campañas de incidencia política, voten si tienen derecho, y exijan que se escuchen sus voces en el Congreso y en medios.

5. Fortalece la autosuficiencia de las familias receptoras

Promueve el emprendimiento familiar con el dinero enviado, en lugar de mantener una dependencia permanente de las remesas.

Incentiva a tus familiares a invertir en educación financiera, formación técnica o microempresas que generen ingresos sostenibles a largo plazo.

El debate sobre este impuesto a las remesas va más allá de cifras: es una discusión sobre la dignidad humana, la justicia económica y el lugar que ocupa el migrante en el corazón de la sociedad estadounidense.

Quien emigra no lo hace por placer, sino por necesidad. Quien envía dinero a su familia está ejerciendo el acto más noble de amor a distancia. Imponer un impuesto a ese gesto es, en cierto modo, penalizar la compasión y la responsabilidad familiar.

Si Estados Unidos aspira a ser una nación de valores, debe preguntarse: ¿Qué tipo de país cobra a los más pobres por ayudar a los más vulnerables? Y si las respuestas vienen disfrazadas de seguridad y recortes fiscales, los migrantes tienen el deber y el derecho de responder con unidad, firmeza y dignidad.